El nuevo Certificado Laboral para la Agroexportación introduce un indicador adicional para la gestión de las cadenas agrícolas mexicanas: demostrar que quienes participan en la producción destinada al exterior cumplen con obligaciones laborales y de seguridad social.
Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), considera que el instrumento puede convertirse en una pieza relevante de esa estrategia, siempre que su alcance trascienda la revisión documental.
VELAGRO comenzó su programa piloto para el aguacate el 15 de septiembre de 2026; en tanto, la implementación se realiza por etapas y contempla la incorporación progresiva de información de los distintos participantes de la cadena de valor.
Para el dirigente sindical, la oportunidad está en convertir el certificado en una herramienta de gestión y prevención, no solamente en un requisito administrativo.
Seis ajustes para cerrar brechas
Alejandro Martínez Araiza plantea que el sistema debería evolucionar hacia una revisión que combine información digital, inspección y participación laboral.
Entre sus propuestas destacan:
- Verificación en sitio: comenzar con inspecciones en zonas productoras como Uruapan, con participación de trabajadores y sindicatos legítimos.
- Indicadores laborales ampliados: incorporar libertad sindical, salario real y condiciones de seguridad, además de los registros administrativos.
- Revisión de excepciones: eliminar los supuestos que permitan certificar cadenas cuando no se alcance el nivel esperado de cumplimiento.
- Consecuencias automáticas: establecer medidas públicas para exportadores que incumplan las obligaciones laborales.
- Denuncia confidencial: fortalecer canales anónimos que permitan reportar irregularidades; el SNAC señala que ya cuenta con un mecanismo de atención mediante WhatsApp con inteligencia artificial.
- Coordinación internacional: vincular el certificado con los mecanismos laborales previstos dentro del T-MEC y con los procesos de inspección correspondientes.
La lógica detrás de estas propuestas es que una cadena exportadora no puede gestionarse únicamente con información declarada.
Para el SNAC, los datos deben contrastarse con las condiciones que enfrentan los trabajadores en huertos, empaques y demás puntos de la operación.
El desafío para la agroindustria
La plataforma oficial establece que el CLA acredita obligaciones laborales y de seguridad social de las personas físicas o morales que intervienen en cadenas de valor agrícolas destinadas a la exportación.
Sin embargo, Alejandro Martínez Araiza plantea que el reto ejecutivo consiste en determinar qué tan verificable es esa información y cómo se actuará cuando existan diferencias entre los registros y la realidad laboral.
El dirigente también ha cuestionado el tratamiento de los datos de huertos y productores y la definición de los participantes que deben incorporarse al sistema.
Desde una perspectiva de gestión, el debate apunta a una cuestión concreta: la certificación puede ordenar información, pero la supervisión determina si esa información refleja realmente el funcionamiento de la cadena.
El programa piloto permitirá observar cómo responde el sector durante las siguientes fases.
La transición al régimen permanente está prevista para noviembre de 2027, de acuerdo con el calendario oficial.
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