Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presentó su iniciativa que busca regular las redes sociales en México.
Plantea que se reforme la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para «establecer las bases y principios generales de la protección a la libertad de expresión».
El senador morenista propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea dotado de las atribuciones necesarias para que pueda «garantizar este derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas (de las redes sociales) respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuarios y prestadores del servicio».
En un nuevo video publicado en sus redes sociales este lunes 8 de febrero, el también coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistió en la necesidad de instrumentar y crear normas jurídicas que establezcan límites a las plataformas digitales.
«Si los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, están protegidos por el Estado y hay una regulación en la Constitución y en las leyes, en donde el Estado no puede abusar ni extralimitarse de sus facultades y funciones, cuanto más un ente privado que también debe de estar sometido a la ley y el derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información», explicó Monreal.
El legislador plantea que los términos y condiciones que deberán expedir las redes sociales se sometan a autorización del IFT y propone diversos requisitos que deberán incluir entre los cuales destaca un mecanismo para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de las cuentas o perfiles.
En la iniciativa también se propone que los términos y condiciones deberán prever que las «limitaciones a la libre expresión sean consistentes con los artículos sexto y séptimo constitucionales, tratados internacionales, la legislación nacional y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)».
Entre las limitaciones mencionadas, destaca la protección a los derechos de los menores de edad y los datos personales; además de la eliminación de mensajes de odio, y evitar la propagación de noticias falsas.
