Australia dio un paso inédito en regulación digital al poner en marcha tecnología obligatoria para impedir que menores de 16 años accedan a redes sociales. La medida, activa desde enero, coloca al país como referente global en el uso de herramientas técnicas para proteger a niños y adolescentes frente a riesgos asociados al uso intensivo de plataformas digitales.
La normativa exige a las grandes empresas de redes sociales implementar sistemas efectivos de verificación de edad. El objetivo es impedir la creación y el uso de cuentas por parte de menores, más allá de simples declaraciones de edad. El gobierno australiano advirtió que las compañías que no cumplan enfrentarán sanciones económicas millonarias, lo que eleva la presión regulatoria sobre el sector tecnológico.
Las soluciones en evaluación incluyen verificación mediante documentos oficiales, estimación de edad con inteligencia artificial y mecanismos biométricos. Estas herramientas buscan cerrar vacíos que durante años permitieron a menores acceder a plataformas pensadas para audiencias adultas. La medida alcanza a empresas como Meta, responsable de Facebook e Instagram, así como TikTok, Snapchat, X y otras redes de uso masivo en Australia.
Tecnología de verificación de edad y debate digital
El despliegue tecnológico ya comenzó a mostrar efectos visibles. Algunas plataformas reportaron el bloqueo de miles de cuentas asociadas a usuarios menores de edad en las primeras semanas de aplicación. Al mismo tiempo, varias compañías solicitaron que los controles también se refuercen desde las tiendas de aplicaciones para evitar registros indirectos.
La iniciativa generó debate entre expertos en privacidad y derechos digitales. Mientras el gobierno defiende la urgencia de proteger la salud mental de los menores, especialistas advierten sobre el manejo de datos sensibles y el posible uso indebido de información personal.
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El modelo australiano ya atrae la atención de otros países que analizan regulaciones similares. Legisladores en Europa y Asia observan el impacto de esta política como un posible precedente para futuras leyes sobre el acceso de menores a entornos digitales.
