México por el Clima: entre la acción y el negocio del discurso verde

Durante la denominada Semana de Acción “México por el Clima” con duración de 3 días (8,9 y 10 de octubre), el Gobierno de la Ciudad de México buscó colocarse como referente regional en temas ambientales, pero terminó exhibiendo un ejercicio de greenwashing institucional.

El evento mostró más un despliegue político y corporativo que una agenda de rendición de cuentas frente a los retos reales de la capital, incluyendo participación de Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México; Frédéric García, Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró en el Altar a la Patria que la capital “elevará su meta de reducción de emisiones en 35 % hacia 2030”. Mientras tanto, la ciudad continúa enfrentando drenajes colapsados y el retiro de más de 11,800 toneladas de residuos anuales en las plantas de bombeo del Valle de México, un reflejo claro de los pendientes ambientales.

Erika Valencia Torres, directora ejecutiva de México por el Clima, encabezó un evento presentado como espacio sin precedentes. No obstante, su alcance resultó limitado frente a otras experiencias latinoamericanas como la Semana del Clima de Bogotá o la COP30 en Brasil, que reunirá a más de 40 mil asistentes de 190 países. La Ciudad de México organizó un foro local con inversión pública y privada, pero sin resultados verificables.

El costo del acceso al discurso verde

El evento levantó críticas por sus tarifas y formatos de exclusividad. Con una entrada general sujeta a aprobación y opciones de ser Climate Leader VIP por 8,000 pesos así como una cena de “alto nivel” que alcanzó los 10,000 pesos bajo la etiqueta de “cuota de recuperación”, el mensaje resultó contradictorio para un foro que presume responsabilidad social. Estos precios refuerzan la percepción de que la sostenibilidad se convirtió en un privilegio y no en un bien común.

La emergencia climática no admite zonas VIP. Si el formato excluye a quien sea por los criterios que sean, el evento pierde su razón de ser. Por eso importa la participación antes de que inicien los reflectores, el verdadero desafío es convertir la Semana de Acción en palanca real rumbo a la COP30 o resignarse a que todo quede en escenografía.

Entre los patrocinadores destacaron Cemex, Heineken México y Scotiabank. Cemex enfrenta denuncias por contaminación y emisiones de CO₂; Heineken fue cuestionada por su uso intensivo de agua durante la sequía de Monterrey; y Scotiabank figura entre los veinte bancos con más financiamiento a combustibles fósiles, según el informe Banking on Climate Chaos 2024. Estas alianzas corporativas, amparadas por el gobierno capitalino, permiten a las empresas proyectar una imagen ambiental sin transformar sus prácticas.

Greenwashing desde el poder

El discurso de Brugada y de Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, insistió en que “la acción climática solo es posible con la unión de todos los sectores”. Esa narrativa permitió que intereses políticos y empresariales se fusionaran en un mismo escenario. La participación de Eduardo Murat Hinojosa, miembro del comité organizador y ponente, acentuó la dimensión política del evento.

La llamada Semana de Acción se transformó en un escaparate de marcas y funcionarios, más que en un espacio para la construcción de políticas ambientales efectivas. Si México aspira a llegar con legitimidad a la COP30, deberá sustituir la escenografía por compromisos medibles y participación ciudadana real.

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