Pese a déficit presupuestal, INE aprueba medidas de racionalidad

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la autoridad electoral aprueba estas medidas en un contexto presupuestal complejo, pues además del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, el Instituto deberá organizar una consulta popular mandatada por el propio Congreso de la Unión sin que se hayan destinado mayores recursos para ello.

“Visto el déficit en el que se encuentra el Instituto, visto que tenemos que hacer una consulta y que no hay recursos para hacer la consulta, evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es hoy absolutamente imposible. No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestal que vamos a tener”, explicó.

No obstante, el proyecto aprobado refrenda el compromiso del Instituto Nacional Electoral de ejercer su gasto de forma racional y con disciplina para poder cumplir con sus atribuciones.

Falta de recursos menoscaba actuación del INE

“Darles mayores encomiendas a los organismos constitucionales autónomos, a la vez que se les disminuye su presupuesto, es una forma sutil, pero eficaz de menoscabar su actuación”, afirmó la Consejera Dania Ravel

Argumentó que el Instituto está pasando por una situación presupuestal complicada. “Tenemos un déficit presupuestal derivado del recorte de 870 millones de pesos del presupuesto solicitado, esto en el contexto de un año electoral en el que se elegirán 20 mil 412 cargos de elección popular y nos tendremos que coordinar con todos los Organismos Públicos Locales Electorales, porque va a haber elecciones en todas las entidades federativas”.

Añadió Ravel que además se trata de un proceso electoral que tendrá novedades como el voto por Internet de las y los mexicanos residentes en el extranjero, o el voto de personas en prisión preventiva, que desde luego generan costos adicionales, sumado a la situación de pandemia que ha llevado al Instituto a adquirir de manera masiva insumos de protección sanitaria para las personas que están trabajando en campo y a hacer adecuaciones tecnológicas en tiempo récord para evitar al máximo la interacción de las personas. Y adicionalmente el INE debe organizar una consulta popular para la cual no se le dieron recursos.

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama mencionó que cuando la pandemia golpea a las familias, a las empresas y cae la actividad global de comercio, el único motor que puede echar a andar una economía y con ello contrarrestar los efectos negativos de la recesión, es el gasto gubernamental.

“¿Es racional plantear que el presupuesto no se gaste en un contexto de crisis? No, no es racional, es profundizar la crisis, es lo que se llama una política procíclica, porque el dinero que ya tienes presupuestado y que puede tener efectos multiplicadores sobre la actividad económica, si el gasto programado se recorta eso va a tener efectos procíclicos, es decir, de profundizar la crisis”.

Murayama aseveró que el INE lo que debe hacer con el escaso presupuesto que le dieron es “hacer muy bien su trabajo” y poner por delante los derechos de la ciudadanía, permitir que los derechos fundamentales en materia político-electoral se ejerzan sin restricción alguna.

Al exponer su voto en contra, la Consejera Norma De la Cruz reconoció la necesidad que tiene la institución de invertir en recursos para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.