Yasmín Esquivel Mossa abre la puerta de la justicia
La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, consolidó este fin de semana una gira de trabajo que enlazó la capital del país con la costa del Pacífico para insistir en un mensaje que atraviesa todas sus intervenciones: sin justicia no hay paz y la única forma de recuperarla es involucrando al electorado en la histórica elección judicial del próximo 1 de junio.
Recordó que la iniciativa que se someterá a veredicto popular pretende devolverle legitimidad al sistema a través de cinco compromisos fundamentales: la democratización de los órganos jurisdiccionales, la austeridad presupuestal, la rendición de cuentas, el abatimiento de la mora procesal y la plena paridad de género. En el caso de Sinaloa, esos principios se pondrán a prueba con la renovación de cuarenta y cuatro cargos que abarcan jueces, magistrados y ministros, una contienda en la que compiten ciento noventa y ocho personas.
Días antes, en la Ciudad de México, Esquivel Mossa recorrió los andadores de Coyoacán, el mercado de la alcaldía Álvaro Obregón y diversos puntos de Tlalpan para insistir en que “es tiempo de abrir la puerta de la justicia para quienes han sido olvidadas y olvidados” y aseguró que el 1 de junio cada ciudadano tendrá en sus manos la posibilidad de decidir quién los juzga y bajo qué criterios se imparte justicia. En la capital mexicana la magnitud del ejercicio democrático es aún mayor: se disputan ciento 87 puestos en los que se han registrado 913 aspirantes.
Durante los diálogos con comerciantes, estudiantes y profesionistas, la candidata sostuvo que el Poder Judicial no supo adaptarse a los cambios políticos de los últimos años y, en consecuencia, perdió la confianza social. Al poner distancia con los privilegios económicos y devolver la decisión a las urnas, añadió, podrá forjarse un modelo que responda a la realidad de las comunidades y actúe con la celeridad que exige la Constitución.
Al término de su visita, la abogada convocó a los colegios y barras de juristas a construir guías ciudadanas que expliquen los perfiles de las y los contendientes, pues —precisó— la reforma solo cobrará sentido si se traduce en sentencias que protejan a la gente común. Reiteró, además, que los sueldos y prestaciones de la alta judicatura deberán ajustarse al “principio republicano de moderación” y que la transparencia no será opcional, sino un requisito cotidiano para legitimar cada fallo.
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