La conversación pública en México vuelve a encenderse después de que nuevas revisiones patrimoniales revelan un patrón inquietante alrededor de Rommel Pacheco, cuyas decisiones personales y financieras dibujan un perfil muy distinto al del funcionario ejemplar que intenta proyectar. La información disponible expone una red de omisiones, presiones y maniobras que se conectan tanto con su historial sentimental como con su ascenso político.
El rompecabezas de sus bienes escondidos
Las propiedades no declaradas se han vuelto el punto más incómodo de este caso. Las revisiones al Registro Público listan la casa costera en San Crisanto conocida como Casa Chukum, la vivienda del fraccionamiento Montecristo en Mérida, el terreno de más de 1000 metros en Cholul, la casa en San Pedro Cholul, el predio en Progreso, una vivienda en San Esteban y otra más en el centro de Mérida adquirida en 2021. Todas aparecen pagadas de contado, lo que incrementa las dudas sobre el origen de los recursos que sostuvo el actual director de la Conade en sus años previos de actividad política y deportiva.
Por otro lado, lo que sí reportó resulta sorprendentemente menor. Solo aparecen su casa en La Ceiba, un departamento en Ciudad de México y la propiedad de Tixkokob. La brecha entre lo declarado y lo real retrata un patrón claro de ocultamiento. También se ha documentado que Rommel Pacheco mantuvo sin declarar su participación en Thermo Health, Rompac y Greene Corp, empresas vinculadas a contratos públicos que habrían requerido transparencia absoluta. Asimismo, no incluyó ingresos generados por rentas turísticas operadas mediante Airbnb y administradas por su esposa.
Las acusaciones de Paola Espinosa y el otro rostro de Rommel Pacheco
Las declaraciones de Paola Espinosa añaden una capa mucho más oscura. Ella sostiene que fue presionada emocionalmente para cederle la casa de Montecristo, que ambos compraron en 2013, pese a que prácticamente todo el pago salió de su bolsillo. También asegura haber recibido solo 600 mil pesos por una propiedad que hoy ronda los ocho millones. Además, describe intimidaciones relacionadas con la llamada ley de concubinato y un intento de quedarse con dos propiedades adicionales que ella pagó por completo. “Su mina de oro” es el término que utiliza para definir cómo la trató durante once años de relación.
Las frases atribuidas a él tampoco ayudan. Paola afirma que desde joven repetía que quería llegar a un cargo público porque “ahí se roba bien”, una declaración que adquiere nuevas dimensiones cuando se revisan sus prácticas patrimoniales. En agosto de 2025, las revisiones más recientes confirmaron discrepancias con sus declaraciones oficiales, reforzando las dudas sobre su conducta en el servicio público.
